Nacionalidades

De Enciclopedia de la Nación, la enciclopedia libre.

La «nacionalidad» antinacional

El término «nacionalidades» fue introducido en la Constitución de 1978 , por iniciativa de uno sus ponentes, Miguel Herrero R. de Miñón (entonces «centrista»), con la intención confesada de satisfacer al nacionalismo vasco y catalán (seguramente por ello este señor haya recibido más tarde el premio Sabino Arana de manos del gobierno autonómico vasco).

Una noción de «nacionalidad» (en la línea de la idea de nación fraccionaria), de estirpe federalista (procedente de la obra homónima de Pi y Margall, aunque usada de un modo distinto -como ya precisó Julián Marías en su momento-), por la que se reconoce ambiguamente a determinadas partes regionales (sin especificar en el texto constitucional cuáles) como «nacionalidades», se supone distintas de la española aunque comprendidas en ella (muchos justifican esta situación, contemplada en el Art. 2, definiendo a España como «Nación de naciones»).

Así, a través de su Art. 2, el texto constitucional contempla a determinadas Comunidades Autónomas, consideradas en efecto como «nacionalidades», distintas de otras que, igualmente desde un punto de vista constitucional, se consideran, sin embargo, como «regiones» sin más (distinción esta que no tiene precedentes en ningún texto constitucional español anterior: en la Constitución de 1931, por ejemplo, siempre se habla de «regiones autónomas», jamás de «nacionalidades», reservando el concepto de nación a España).

Art. 2 de la Constitución de 1978:


Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.


Es decir, resulta que en el propio Art. 2, que habla de la «indisoluble unidad de la Nación española», se reconoce a su vez la existencia en ella de determinadas partes que, más que regiones, son «nacionalidades», es decir, que poseen la cualidad de nación distinta, se supone, de la española (si no fuera así, no tendría sentido distinguir entre «nacionalidad» y región).

En 1978 se distorsionaron los planteamientos: Por un lado se identificó centralismo con franquismo y autonomía con democracia provocándose así, un tanto ilegítimamente, un fervor autonómico coyuntural; por otro lado se acudió al autonomismo para sacudir al pueblo de la atonía en que se encontraba y, mitificando la autonomía se ofreció esta fórmula como panacea remediadora de todos los males: desde el paro a la pesca o a la crisis universitaria. En tercer lugar, en buena táctica política, no faltaron partidos que, en el fraccionamiento del Estado, esperaban ocupar el poder que en Madrid le era inaccesible, y, por fin, concibiéndose la autonomía como un privilegio de vascos y catalanes, se excitó a los demás pueblos para que reclamaran las mismas ventajas. Y así fue como, en un brevísimo, España se pobló de nacionalidades (Alejandro Nieto, «El encanto de ser español», El País, 31 de mayo de 1980).


Una noción de «nacionalidad» muy ambigua, decimos (su sentido es quizás el de la «nación étnica» pero sin cerrar las puertas a una interpretación «política» del mismo), aunque con ambigüedad calculada en favor del secesionismo, ya que enseguida se le quiso dar mayor calado político (deshaciendo la ambigüedad) al adjetivarla como «histórica» (tal como se especificó posteriormente en algunos Estatutos de Autonomía).

Si resulta difícil diferenciar naciones y nacionalidades, tampoco cabría afirmar que nuestra Constitución considera a España como una «nación de naciones», curiosa cuadratura del círculo preconizada por Anselmo Carretero o por Herrero de Miñón, y que está desmentida en el propio artículo 2 del texto constitucional que parte de «la indisoluble unidad de la nación española».

Así lo ve, por ejemplo, Oscar Alzaga, que subraya cómo la nación española es una realidad anterior a la Constitución porque la sirve de fundamento (art. 2.°); asimismo insiste en que «el Estado se apoya no sobre una pluralidad de nacionalidades y regiones dotadas de soberanía» según se deduce del artículo 1.2; por otra parte el mismo art. 2.° proclama «la indisoluble unidad de la nación española», aludiendo poco después al carácter «indivisible» de la misma; por otra parte la Constitución no concibe otra «nacionalidad», en el sentido aquí de condición de nacional, que la española. Alzaga analiza otros artículos de la Constitución para concluir que «en suma, del conjunto de la Constitución se desprende, sin lugar a dudas, que el Estado se asienta sobre una sola Nación soberana, que es España». [Alejandro Muñoz Alonso, «Prólogo» a Colectivo Javier de Burgos, España: por un Estado federal. Argos Vergara, Barcelona 1983, página 17.]


Esta ambigüedad calculada conduce a una situación indefinida en la que se concede un derecho de autonomía a determinadas «nacionalidades y regiones» de las que no se sabe cuáles son los resultados finales ni cuál la vertebración definitiva del Estado resultante.

Se ha dicho así que aparentemente, es decir, prima facie, nuestro texto constitucional parece contemplar un Estado unitario con ciertos aspectos de descentralización administrativa, pero al mismo tiempo reconoce el derecho que pueden - o deben - ejercer las nacionalidades y regiones para adoptar su autonomía. Sin embargo, no se define el Estado a que se daría lugar en caso de adoptarse la vía de la descentralización política del poder, puesto que no se conoce el resultado final. En consecuencia, ninguna de las numerosas definiciones que ha avanzado gratuitamente la mayor parte de la doctrina no es por el momento suficiente y válida. Parece claro que si hubiere que dar forzosamente una definición habría que afirmar que á lo más que llega la Constitución es a permitir denominarlo como un Estado autonomista, esto es, un Estado partidario de la autonomía territorial en sus tres niveles de municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Pero nada más, porque en definitiva la norma fundamental no nos dice quiénes son los sujetos concretos que constituyen las Comunidades Autónomas de que habla su artículo 137, cuándo deberan acceder a la autonomía, cómo tíenen que proceder de forma general, qué órganos, salvo una excepción, poseerán dichas Comunidades Autónomas, cuáles serán las competencias exactas que podrán ejercer, ni, por último, cuál será el fin del proceso. En consecuencia, debemos afirmar que nuestra Constitución, a diferencia de lo que ocurre en el resto de las otras normas fundamentales vigentes hoy en el mundo, ha «desconstitucionalizado» algo tan fundamental como es la estructura del Estado. Todo lo más que ha hecho ha sido incluir unas normas transitorias y dispositivas que según una u otra utilización podría dar lugar a uno de los tres modelos que es posible ver hoy en el Derecho Comparado» [Jorge de Esteban, «Epílogo» a Colectivo Javier de Burgos, España: por un Estado federal. Argos Vergara, Barcelona 1983, páginas 204-205.]


Las Nacionalidades con «historia»

En efecto, para enfatizar, desde el Nacionalismo fraccionario, el llamado «hecho diferencial» de unas regiones españolas respecto de otras, y de nuevo en complicidad con el secesionismo, se le ha añadido el adjetivo de «históricas» a esas Comunidades Autónomas figurando así en los Estatutos de Autonomía correspondientes aprobados por Las Cortes (en la Constitución del 78, sin embargo, no aparece tal especificación enfática). Suponiendo que los constitucionalistas españoles tuvieran delante el modelo italiano (diferentes grados de autonomía) y el modelo portugués (dos regiones con autonomía), la situación acabó desembocando en el presunto «café para todos», inspiración proveniente de un tercer modelo, el alemán, según algunos base para un Estado federal.

Dejando al margen ya las conveniencias o defectos de la posible adopción de alguno de los tres modelos señalados, el hecho es que la andadura autonómica de nuestro país parece que pasa paradójicamente por los tres de forma sucesiva. Ciertamente, en un primer momento parecía que se quería imponer el modelo portugués reconociendo únicamente la autonomía de las tres nacionalidades históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia). Más tarde se generalizó la autonomía a todas las regiones, pero según el modelo italiano al reconocerse la autonomía plena al País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, y dejando al resto de las otras regiones la incompleta. Sin embargo, ya no es posible ocultar que transcurridos cinco años podemos pasar al modelo alemán de autonomía para todos y para todos igual»[Jorge de Esteban, «Epílogo» a Colectivo Javier de Burgos, España: por un Estado federal. Argos Vergara, Barcelona 1983, páginas 205-206.]


Se sugiere así, a través del adjetivo en cuestión, que esas presuntas «naciones» tienen una «historia» independiente, una historia propia, distinta del resto de partes (las llamadas «regiones» que también se supone tienen historia pero común) y al margen de la historia de España. Una historia, la de Cataluña, la del País Vasco o la de Galicia, que, aunque tiene algunos puntos en común con la historia de España, su desarrollo, se supone, sigue derroteros distintos, incluso divergentes.

Así pues, con esta noción de «nacionalidad histórica», referida a determinadas regiones españolas, se está dando por buena la independencia de las mismas en su historia, siendo así que sus contactos históricos con España son puntuales (incluso accidentales), pero no sistemáticos. Es más, normalmente tales contactos se representan por parte de la «historiografía nacionalista» (que poco tiene de historiográfica), como aquellos puntos en los que el desarrollo «natural» de esos pueblos en cuestión (el catalán, el gallego …) fue interrumpido por el imperialismo castellano («español»), tratando así de impedirles (o impidiéndoles de hecho) su libre desarrollo «nacional».

Estaba claro que la nueva Constitución debía intentar resolver los conflictos catalán y vasco, el problema «secular» de los «hechos díferenciales» de Cataluña y el País Vasco, aunque no estaría de más señalar que, con todo rigor, no hay problema catalanista hasta finales del pasado siglo ni, propiamente, problema vasco hasta principios del presente. Aunque la elaboración histórica posterior haga remontar el sentimiento de agravio a 1714 y 1839 respectivamente. [Alejandro Muñoz Alonso, «Prólogo» a Colectivo Javier de Burgos, España: por un Estado federal. Argos Vergara, Barcelona 1983, página 9.]


Lo que subyace pues a esta noción de «nacionalidad histórica» es que tales «nacionalidades» no participan, no tienen parte, en la historia de España, y así tampoco se les supone cómplices de sus «atrocidades» (Ver Leyenda Negra antiespañola), a las que tales «nacionalidades» incluso se resistieron heróicamente (siempre según la «historiografía nacionalista»).

Así existen tres comunidades autónomas que se reconocen como «nacionalidades históricas» en sus Estatutos autonómicos (Cataluña, Galicia y Vascongadas, el caso de Andalucía es más ambiguo), mientras que el resto de Comunidades Autónomas se reconocen en sus Estatutos como «regiones» (tampoco se especifica si el resto de regiones forman conjuntamente una «cuarta nacionalidad histórica» o no, en cuyo caso se requeriría -posibilidad en cualquier caso jamás contemplada- un Estatuto también para tal «nacionalidad» cuyo nombre, además, sería muy problemático: ¿Castilla?, ¿Aragón?, ¿Castilla y Aragón?, ¿España?, ¿Resto de España?).


Fragmento del artículo Nación y nacionalidades de Julián Marías publicado en El País (15/1/1978), comentando el Anteproyecto de la Constitución (del 78) y advirtiendo del peligro de esta noción de nacionalidad:

«Esta Constitución, tan enemiga de toda «discriminación», la practica aquí en las más serias cuestiones. Según ella, hay en España dos realidades distintas, a saber, «nacionalidades» y «regiones». En una Constitución, habría que decir cuáles son -y me gustaría saber quién se atreve a hacerlo, y con qué autoridad-. Pero lo más importante es que no hay nacionalidades -ni en España ni en parte alguna-, porque «nacionalidad» no es el nombre de ninguna unidad social ni política, sino un nombre abstracto, que significa una propiedad, afección o condición. El Diccionario de Autoridades (1734) dice: «NACIONALIDAD. Afección particular de alguna nación,. o propiedad de ella.» Y la última edición (1970) del Diccionario de la Academia la define así: «Condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación. 2. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación. ». Es decir, España no es una «nacionalidad», sino una nación. Los españoles tenemos «nacionalidad española»; existe la «nación España», pero no la «nacionalidad España» -ni ninguna otra-. Con la palabra «nacionalidad», en el uso de algunos políticos y periodistas en los últimos cuatro o cinco años, se quiere designar algo así como una «subnación»; pero esto no lo ha significado nunca esa palabra en nuestra lengua. El artículo del anteproyecto no sólo viola la realidad, sino el uso lingüístico.Algunos defensores de esa acepción espúrea de la palabra «nacionalidad» invocan el precedente del famoso libro Las nacionalidades, publicado hace poco más de un siglo por D. Francisco Pi y Margall, catalán, republicano federal, uno de los presidentes del poder ejecutivo de la efímera I República Española (febrero de 1873 a enero de 1874). Ahora bien, al invocar ese libro demuestran no haberlo leído. Porque Pi y Margall no llamó nunca «nacionalidades» a ningún tipo de unidades político-sociales, ya que sabía muy bien la lengua española en que escribía -en que escribió tan copiosamente- las «nacionalidades» de que habla son, no Francia, España, Alemania, Suiza o Estados Unidos, sino la nacionalidad francesa, la española, la alemana, la suiza, la norteamericana, etcétera. Usa la expresión en el sentido en que -todo el siglo XIX habló del «principio de las nacionalidades». A las naciones, Pi y Margall las llamaba «naciones»; y a lo que solemos llamar «regiones», casi siempre las denominaba con la vieja palabra romana, de amplísima significación, «provincias». Lo que pasa es que resulta más cómodo leer títulos que libros, y los antiguos, ni siquiera solían tener las socorridas solapas que tantas veces simulan un conocimiento inexistente. […].

¿De dónde viene entonces este uso caprichoso e inaceptable de la palabra «nacionalidad»? Es, simplemente, un anglicismo, de los que tanto gustan los que no tienen mucha familiaridad con la lengua inglesa. Si no me equivoco, procede de John Stuart Mill, que en su tratado Considerations On Representative Government (1861) usó la palabra nationality en su recta significación y, además, de manera imprecisa, como designación de una comunidad. Mill habla de feeling of nationality (sentimiento de nacionalidad), French nationality (nacionalidad francesa), etcétera.Pero también dice, por ejemplo-, «A portion of mankind may be said to constitute a Nationality if they are united among themselves by common sympathies which do not exist between them and any others, etcétera.» («Puede decirse que constituye una Nacionalidad una porción de humanidad si están unidos entre sí por simpatías comunes que no existen entre ellos y otros cualesquiera, etcétera.»).Por esta vía -una teoría política inglesa de mediados del siglo XIX- ha entrado en nuestra lengua una moda recentísima, imprecisa, que aparece con alguna frecuencia en nuestros periódicos y en los discursos de algunos políticos que acaso no saben muy bien de qué hablan. Parece demasiado que tan livianos motivos determinen la Constitución de la Nación española, introduzcan una arbitraria desigualdad entre sus miembros y pongan en peligro la articulación inteligente y fecunda de un sistema de autonomías eficaces, fundadas en la realidad, no en oscuros rencores o en la confusión mental.»


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