Nacionalismo fraccionario antiespañol
De Enciclopedia de la Nación, la enciclopedia libre.
| Tabla de contenidos |
«España no existe»
A pesar de la contundencia del hecho constitucional de España como Nación, es esta una proposición, «España no existe», que se repite con mucha frecuencia en la actualidad desde diversas instituciones españolas, muchas de ellas públicas, oficiales, y cuyo sentido, el sentido de tal negación, se refiere bien a la unidad de España como sociedad histórica o cultural en general, bien a su identidad como nación política.
Desde muchos centros educativos, desde muchas televisiones y medios de comunicación, desde distintos y muy variados ámbitos culturales (historiográficos, museísticos, turísticos, literarios, artísticos…) y políticos españoles (partidos políticos, sindicatos, asociaciones varias …), incluso en sede parlamentaria, se habla frecuentemente de la inexistencia de España. España sería, desde esta perspectiva, en efecto un flatus vocis, sin más referencia que su golpe de voz (una «entelequia», dicen muchos, un «mito»), que encubre una realidad social lo suficientemente «plural» y «diversa» (ver España plural), se dice, como para que carezca de sentido hablar de la unidad o de la identidad de España sin más. Así, muchos españoles, algunos incluso con asiento de diputado en Las Cortes, dicen «no sentirse españoles», es decir, dicen no serlo, precisamente por no poder pertenecer a algo que se supone «no existe».
La idea de España como «residuo imperialista»
Sin embargo, esta expresión «España no existe», repetida con gran beligerancia desde tales instancias, parece hablar, más que de su inexistencia en un sentido literal, de una constitución artificiosa o irreal de España en la medida en que, de existir, lo único que España representa es el peor de los vicios políticos: España, desde la perspectiva del que niega su identidad nacional, es un residuo imperialista, una tiranía por cuya constitución «antidemocrática» se ha subyugado (incluso expulsado y aniquilado) a los distintos «pueblos libres» que vivían felices en la península, y que, al ser incorporados como partes de España, sufrieron una integración forzosa (o forzada) que los redujo a la servidumbre, siendo así que es esta identidad violenta, tiránica, negra de España lo único que justifica su unidad (lo único «español» propiamente dicho sería así «el Estado», represor, castigador, vigilante …). España se identifica, pues, desde esta perspectiva, con la España inquisitorial, católica, retrógrada, reaccionaria, franquista, … antidemocrática -en una palabra-, y cuya unidad no se sostiene si no como Leviathán artificioso y horrible, como «prisión de naciones» de la que hay que huir una vez que sus barrotes se afinan y ablandan con la llegada de «la democracia»(la fórmula de «España, prisión de naciones», es tomada de la expresión que Marx y Engels habían aplicado a la Rusia de los zares).
La idea negro legendaria de España alimenta la idea de su disolución
De este modo, según tal perspectiva negrolegendaria, si España existiera, en efecto, debiera no hacerlo, al ser su esencia tiránica (promovida, se dice, por los Reyes Católicos -si no antes- y que llega incluso hasta la actualidad a través del «españolismo» del gobierno de José María Aznar y del PP) completamente incompatible con «una democracia avanzada».
Y es que, se supone, una vez disuelta la negra identidad de España en la «plenitud democrática», también debiera igualmente disolverse su unidad, dejando paso a las «verdaderas naciones» («Catalunya», «Euskal Herria», «Galiza»… ), se supone prehispanas y surgidas in illo tempore, que el «Estado español» mantuvo secularmente oprimidas y tiranizadas hasta ahora, y cuya afirmación nacional («derecho de autodeterminación») hace del todo inviable la unidad de España («Catalonia is not Spain», es decir, Cataluña no ha sido cómplice, sino víctima, de la tiranía que España representa: como si catalanes o vascos no hubieran participado en la formación de España).
Así si, por lo visto, se deja democráticamente hablar al pueblo («habla pueblo, habla») entonces España debe desaparecer si es que aún existe, pues resulta que ese pueblo, tal como «la transición a la democracia» ha puesto (y pone) al parecer de manifiesto, ni es, ni habla español, siendo así que el mantenimiento, siempre autoritario, de la «España una» sería indicio infalible de «inmadurez democrática». Mientras España exista, en definitiva, «la democracia» será «deficitaria», nunca llegará a su «plena madurez».
Este es el sentido de la proposición «España no existe» predicada una y otra vez desde tales instituciones españolas, una proposición que, de esta manera, se sitúa más en el plano del «deber ser» programático que en el del «ser» fáctico: no es que España no exista, es que España debe no existir, esto es, debe perecer como Nación dejando paso a la «libre determinación de los pueblos» por ella se supone oprimidos.
La idea de disolución nacional-fraccionaria de España como hecho político anticonstitucional
Es por tanto llamativo, por escandaloso, que sea sobre todo desde el interior de España desde donde con más insistencia se hable, bien directamente de la inexistencia de España, bien de una esencia tan despreciable que sería mejor que dejase de existir.
Una negación anticonstitucional que va acompañada de la pretensión, igualmente anticonstitucional, de conseguir el reconocimiento del título de Nación para alguna de las comunidades autónomas, incluso para varias reunidas («Euskal Herria»), o para todas (cada una), negándoselo así a España. Y es que, en efecto, afirmar la existencia de Cataluña, Galicia, Vascongadas, … como naciones políticas supone, eo ipso, negarle a España su carácter nacional (en el que se basa la Constitución del 78, pero también las anteriores), de la misma manera que afirmar el carácter de España como nación es, desde luego, negar que una parte suya lo sea (como ocurre con cualquier otra sociedad política constituida nacionalmente).
Ahora bien, negar el carácter nacional de España, afirmándolo para alguna de sus partes, es amenazar la soberanía de una Nación ya constituida y reconocida (y no al revés, puesto que jamás esas partes se han constituido en todos nacionales), una amenaza que procede, y esto es lo grave, no de facciones más o menos marginales, sino de los propios representantes del pueblo español que, en calidad de tales, atentan pública y reiteradamente contra la soberanía española que ellos mismos representan. Es decir, por decirlo claramente, existen diputados en Las Cortes (Congreso y Senado) que cotidianamente están atentando contra la libertad del pueblo español a ejercer su poder soberano.
Una pretensión anticonstitucional, pues, la del carácter nacional de algunas regiones de España, que es defendida principalmente por los llamados «partidos nacionalistas» (PNV, ERC, CIU, BNG, Nafarroa-Bai … todos ellos con representación en Las Cortes) así como por bandas asesinas secesionistas (ETA-Batasuna, que en su momento también tuvieron representación parlamentaria y municipal), pero también, y esto agrava extraordinariamente la situación, por otras organizaciones (partidos, sindicatos …), como son Izquierda Unida (también con asiento en Cortes) y PSOE (actualmente en el Gobierno), que apoyan, cuando no directamente alimentan, esa misma pretensión al reconocer, vía federalista, la «identidad nacional» de muchas de esas comunidades autónomas (aunque después, contradictoriamente, también se afirme desde esos partidos, bien que sotovoce, el carácter nacional de España).
| Declaración sobre la autodeterminación de Euskadi aprobada por el Parlamento Vasco el 15 de febrero de 1990 gobernando en la región el PNV en coalición con el PSOE:
«El Parlamento Vasco proclama: 1. El Pueblo Vasco tiene derecho a la autodeterminación. Este derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco político propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos. 2. Que el ejercicio del derecho a la autodeterminación tiene como finalidad la construcción nacional de Euskadi. En tal sentido, la construcción nacional es un proceso dinámico, gradual y democrático, integrado por el conjunto de decisiones, incluidas en su caso las de carácter plebiscitario, que el pueblo vasco vaya adoptando a lo largo de la historia atendiendo a los condicionamientos internos o externos de la coyuntura histórica, sus posibilidades reales y de interés de los vascos». |
| Declaración de Barcelona, firmada el 16 de junio de 1998 por representantes del PNV, CIU y BNG (Texto de Trabajo):
«Pese a que los derechos de nuestras naciones son previos a la Constitución, algunas interpretaciones centralistas sitúan el derecho al autogobierno en la Carta Magna y no en las propias naciones. Nuestros derechos nacionales no pueden ser negados en un estado democrático. Reiteramos que el reconocimiento de Galiza, Euskadi y Catalunya es condición previa y necesaria para plasmar constitucionalmente el carácter plurinacional del Estado español. El principio de soberanía resulta cualitativamente distinto al principio de autogobierno que se consolida mediante el desarrollo de los Estatutos de Autonomía que, aun en un escenario de desarrollo total, sólo suponen un proceso de descentralización política y administrativa, pues el elemento constitutivo del poder continúa localizándose en el Estado. Debemos superar la fórmula autonómica por cuanto es una carta otorgada por un Estado que, conforme a la definición institucional, dice basarse en una sola nación, única e indivisible, la nación española, negando el carácter plurinacional del Estado y la coexistencia de otras naciones. El Estado español, es al mismo tiempo, la institución que niega la soberanía que nos pertenece como naciones y el espacio político donde conquistar la libertad nacional, mediante la acción conjunta para configurar un Estado plurinacional, por cuanto parte del reconocimiento de la soberanía de cada nación, del respeto a tratarse en pie de igualdad y a fomentar la colaboración y coordinación basadas en la equidad, la solidaridad y la libertad de cada una. El ejercicio del derecho de autodeterminación cabalmente entendido se asienta en los procesos y objetivos antes citados. Dicho derecho es un derecho colectivo fundamental. Cada nación ha de poder decidir en todo momento y en toda circunstancia cuál quiere que sea su estructura política, su articulación administrativa y su nivel de dependencia e independencia respecto a otras instancias» (El Viejo Topo, n.° 122, octubre de 1998, p. 12). |
| Ibarreche en la Sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 1 de febrero de 2005 sobre la reforma de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi:
«Euskadi no es una parte subordinada del Estado español. Quiero decírselo con toda claridad aquí como representante del Parlamento vasco. Miren ustedes, el Estado español será un proyecto en común sólo si las partes que lo componemos así lo queremos, si así lo decidimos. Nuestra propuesta para la convivencia nada niega ni a nada obliga a otras naciones y regiones del Estado español. No la planteamos para obligar a otros pueblos de España a seguir nuestro camino ni para impedirles que sigan el suyo. Es una propuesta compatible por tanto con un verdadero Estado plurinacional». |
| Puigcercós en la Sesión plenaria del Congreso de los Diputados del 1 de febrero de 2005 sobre la reforma de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi:
«Señoras y señores diputados de los partidos españoles aquí presentes, el conflicto hoy es el inmovilismo, el conflicto, aquí y ahora, es negarse a aceptar que el Estado español es plural, plurinacional. No sirve de nada negarlo ni tampoco radiar o rabiar desde algunas ondas radiofónicas, negando la existencia de realidades nacionales como la vasca, la catalana o la gallega. Cataluña o Euskadi son una nación en sí mismas, y no porque así lo exprese una constitución o un estatuto. ¿Alguien se cree, sinceramente, que España nació con la Constitución de 1978 o con la Constitución de Cádiz? De la misma forma, la nación catalana o la vasca tienen centenares de años de antigüedad. La Constitución, cualquier constitución, es, simplemente, y no es poco, un pacto, y no es la que debe decir lo que somos catalanes, vascos o gallegos, [...]». |
| Fragmento de la primera intervención del presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, en la Sesión plenaria núm. 117 del Congreso de los Diputados, celebrada el miércoles, 2 de noviembre de 2005, acerca de la reforma del Estatuto de Cataluña:
«[...] De acuerdo con estos principios, paso a analizar los aspectos más relevantes del texto y a trasladar a la Cámara mis criterios sobre el mismo. Señorías, Cataluña tiene identidad nacional y ello es perfectamente compatible con el artículo 2 de la Constitución que considera a España como nación de todos. [...]». |
Incluso desde el propio Partido Popular se han manifestado apoyos a tales pretensiones (respecto de Andalucía y de Galicia, concretamente), siendo así que ya no hay fuerza política del arco parlamentario que no mantenga algún compromiso con esta idea fraccionaria de Nación bajo la que se contemplan algunas regiones españolas (ver Nación fraccionaria).
Evidente anacronismo en la afirmación «nacional» de algunas comunidades autónomas
Pero además de anticonstitucional, tal afirmación es completamente anti-histórica (anacrónica), pues desde la ideología nacionalista fraccionaria se supone que tales «naciones» se han formado con anterioridad a la constitución de cualquier Nación, en sentido político, (y por supuesto antes que la española) perseverando por lo visto en su «ser nacional» ya incluso desde la prehistoria (en donde ni siquiera existen categorías políticas). Legiones de «historiadores» se mantienen al servicio de semejante anacronismo, tratando de justificar histórica, e incluso prehistóricamente, la constitucionalidad «nacional» de Cataluña, Vascongadas o Galicia, frente a la Nación Española. Y es que lo que no son sino partes regionales de la sociedad política española, que han surgido como divisiones señoriales, eclesiásticas, forales o administrativas suyas (y que terminan contemporáneamente formando parte provincial o regional de la nación española), son vistas por determinada «historiografía» como «naciones ya soberanas» desde la prehistoria («Catalunya», «Euskal Herría», «Galiza»), considerando toda transformación histórica posterior, ya sea producida por el Imperio romano, por el carolingio, por el español, etc., como una mera superestructura, artificiosa y superficial, que si bien no hace ninguna mella en la perseverancia «nacional» de tales sociedades, paradójicamente también las «oprime».
| Libro de texto de la asignatura Conocimiento del Medio, 5º de Primaria (Editorial Elkarlanean):
«Aunque a través de la historia Euskal Herria ha sufrido muchos ataques (romanos, visigodos, musulmanes, francos...), su lengua no se ha perdido. [...] un pueblo mantiene su identidad mientras conserva su lengua» (apud. Ladrón de Guevara, Educación y nacionalismo, pág. 232). |
La existencia antinacional española de la «nación catalana»
De hecho esta situación de anticonstitucionalidad política e histórica existente en España ha alcanzado el punto, insostenible, de llegar en sede parlamentaria a reconocer legalmente como nación lo que constitucionalmente se considera una de sus partes, cayendo así con este reconocimiento en una situación flagrante de inconsistencia constitucional sin precedentes («una nación dentro de una nación», es una contradicción política). Al ratificar una ley orgánica (el Estatuto de Cataluña de 2006) por la que se considera a Cataluña como nación, Las Cortes -donde tienen asiento los representantes de la soberanía nacional española- han aprobado una ley por la que se reconoce, paradójicamente, que nada se puede aprobar o desaprobar por Las Cortes en relación a Cataluña. Y ello supone, sencillamente, que el poder legislativo español, representado por Las Cortes, no reconoce a España como nación soberana en todas sus partes tal como estas son definidas en la Constitución.
Ello no implica que España haya ya dejado de existir como nación, pues el poder legislativo no representa la totalidad del poder soberano, pero sí que, al aprobar una ley anticonstitucional, se obstaculiza y hasta se impide que la ley común (nacional) se desarrolle en el ámbito jurisdiccional que constitucionalmente le compete, generando así privilegios o desigualdades antinacionales (fraccionarias) entre unas partes y otras de la nación española.
Y es que, desde la perspectiva introducida por esta Ley, Cataluña es ya una nación (no pudiéndolo ser por tanto España, si nación denota soberanía) que, en el ejercicio «inalienable» de su «autogobierno», se constituye en «Comunidad autónoma» dentro del Estado español, siempre pudiendo no hacerlo (y constituirse en otra cosa) si el «Estado español» (una entidad puramente administrativa y transitoria, según es aquí concebido) no le reconoce esa su «realidad nacional».
Así de claro lo decía ya Miguel Roca, uno de los ponentes de la Constitución del 78, antes de la aprobación del nuevo Estatuto catalán:
| «Cataluña no adquiere su identidad [nacional] como consecuencia de ser una Comunidad Autónoma: primero es [nación], y como tal quiere que se la reconozca; segundo, como consecuencia de su existencia [como nación], reclama el derecho subsiguiente de tener un autogobierno que le permita desarrollar su ser[nacional]» (Miguel Roca, La propuesta constitucional del 78, en España, un hecho, Ed. Faes, p. 48). |
Esto implica que, atendiendo a sus derechos «nacionales», soberanos, podría en cualquier momento (como se afirma en la Declaración de Barcelona) reclamar la constitución de un Estado catalán (o su anexión a Francia, etc.) si por las razones que fueran el «pacto constitucional del 78» (como se le suele llamar a la Constitución desde el secesionismo) no le «permite desarrollar su ser» (nacional). Así el nuevo Estatuto representa, en realidad, toda una Constitución de la «nación catalana» que, en el ejercicio de su soberanía,«pacta bilateralmente» (a modo de confederación) con el «Estado español» (se supone reconstituido confederalmente) las distintas disposiciones legales del Estatuto. Un Estatuto que, en cualquier caso, ni siquiera satisface, como no puede ser de otra forma, las aspiraciones de algunas fuerzas parlamentarias secesionistas que contribuyeron, en su elaboración, a darle este carácter anticonstitucional.
La Nación española, todavía existente, ¿camino de su disolución?
España pues existe en efecto como sociedad política nacional, pero sin embargo, sobre todo con el desarrollo del «estado de las autonomías» a partir de 1978, precisamente a partir del mismo momento en que España se convierte en democracia homologada capitalista -proceso iniciado con el franquismo, no lo olvidemos-, su consistencia está en camino de disolución nacional al producir, ya no solo manifestaciones más o menos intencionales, sino leyes que consolidan la divergencia anticonstitucional entre sus partes. La ley del Estatuto catalán es corolario de esta situación de divergencia nacional-fraccionaria que, si bien tiene su origen en el s. XIX y ha tenido momentos puntuales muy graves (intento de golpe de estado secesionista producido con la declaración de la «República catalana» en octubre de 1934 por Companys), no había llegado hasta ahora a un desarrollo tan generalizado como el que se está produciendo a través del desarrollo del «estado de las autonomías». En el 34 las Cortes no aprobaron -al contrario- la existencia del «Estado catalán» proclamado por Companys desde el balcón de la Generalidad, cosa que sí ha ocurrido en el 2006 con la «Ley del Estatuto de Cataluña».
Además, esta reforma estatutaria catalana es tan sólo el principio: desde otros parlamentos autonómicos ya se habla de «nación», en los diversos planes de reforma de los estatutos correspondientes, para referirse a esas partes autonómicas de España (Andalucía, Galicia, Aragón …), siendo muy probable, dada la composición actual del arco parlamentario, que tales propuestas de ley estatutaria sean admitidas y finalmente aprobadas por Las Cortes.
| DECRETO del presidente 2/2007, de 16 de enero, por el que se somete a referéndum el Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía:
«Preámbulo. [...] Andalucía ha sido la única Comunidad que ha tenido una fuente de legitimidad específica en su vía de acceso a la autonomía, expresada en las urnas mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia y una posición incontestable en la configuración territorial del Estado. El Manifiesto andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919, cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido en nuestra Carta Magna. En 1978 los andaluces dieron un amplio respaldo al consenso constitucional. Hoy, la Constitución, en su artículo 2, reconoce a Andalucía como una nacionalidad en el marco de la unidad indisoluble de la nación española. Todo este caudal de esfuerzos, del que el Estatuto de Autonomía ratificado por los andaluces y andaluzas el 20 de octubre de 1981 ha sido herramienta fundamental, nos permite hoy abordar la construcción de un nuevo proyecto que ponga en valor y aproveche todas las potencialidades actuales de Andalucía [...]». |
Precisamente la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) surgió en diciembre de 2005 como respuesta a la admisión a trámite por Las Cortes Generales de esta Ley orgánica del Estatuto de Cataluña, ley anticonstitucional finalmente aprobada por Las Cortes (30 de marzo de 2006).
El aborrecimiento y condena (a muerte) de lo español alineado al «españolismo»
Como consecuencia de la fuerte implantación institucional de esta posición, digamos anti-española (España representa lo peor políticamente hablando y lo mejor que se puede hacer es desentenderse de ella, si no directamente atacarla atentando contra la soberanía nacional española), ocurre un curioso fenómeno sociológico, muy generalizado en España, según el cual el que afirme lo contrario, es decir, quien niegue la inexistencia de España, esto es, quien sencillamente afirme, ya no su defensa, sino su mera existencia como Nación, además de como «Estado», se considerará automáticamente «españolista» o «nacionalista español», alineado con la «extrema derecha» y el «fascismo» sea como fuera que lo justifique. Y es que, se supone, quien defiende la existencia de España está comprometiéndose con su esencia, una esencia siempre sobreentendida por el secesionismo y sus cómplices como antidemocrática, tiránica, «fascista».
En este sentido, miles de españoles, como supuestos representantes del «españolismo», han sido y siguen siendo asesinados, secuestrados, heridos, golpeados, extorsionados, desplazados, exiliados, amenazados, insultados por ser españoles y en tanto que tales (lo sean o no). Y lo han sido, no solo por las bandas organizadas criminales que han cometido y siguen cometiendo tales actos (ETA es la principal, pero otras han operado y muchas aún operan en tal sentido), sino por facciones perfectamente instaladas institucionalmente que «recogen las nueces» como beneficiarios de las acciones terroristas. Actos estos, además, perpetrados contra España y los españoles precisamente en nombre de la «libertad» y la «democracia»; una libertad y democracia que quieren ser «recuperadas» para los pueblos se supone «oprimidos» o «expulsados» por ese «españolismo» contra el que se atenta, y todo ello a costa de la libertad de la soberanía de la nación española.
Negación y aborrecimiento de todo lo que es común a los españoles
La insistencia en la condena del «españolismo», repetida hasta la saciedad desde determinadas instancias (partidos nacionalistas, federalistas, …), tiene que ver con la negación de todo aquello que es común a la sociedad política española, empezando por la lengua y la cultura; una negación basada, a su vez, en la afirmación de unas presuntas «culturas propias», «diferentes» de la española e irreductibles a ella, desde las que se justifica las pretensiones de disolución nacional de España propiciando la divergencia política entre sus partes.
Y es que, sin duda, uno de los factores de mayor cohesión de una sociedad, en general, y de España en particular, es la lengua común: negar la existencia del español como lengua común a toda España, a todas sus partes, y erradicar su uso en algunas de ellas, es precisamente uno de los principales objetivos de los que procuran el fraccionamiento de España.
