Secesionismo

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Posición política que usan los nacionalismos fraccionarios consistente en orientar su acción partidaria para segregar una parte de la nación canónica en la que se encuentran para convertirla en nación fraccionaria con soberanía efectiva.

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El secesionismo como hecho político anticonstitucional

El secesionismo es así, representado por estos grupos (que además coexisten solidarizados entre sí: Galeuzca, Declaración de Barcelona... ), una amenaza formal para España como nación, suponiendo su mera existencia un hecho político anticonstitucional que amenaza con su fragmentación a la soberanía nacional española.

Ahora bien, es por este mismo no reconocimiento de la soberanía española por lo que estos grupos no se ven a sí mismos como secesionistas (no se puede romper lo que, desde su perspectiva, no existe), sino como grupos patrióticos de «liberación nacional» (lo que implica, paradójicamente, insistimos, el reconocimiento a su vez de una fuerza proveniente de España que «les somete»: ¿cómo puede lo que no existe someter a nadie ni a nada?), siendo así que sus intenciones «liberadoras» encubren sus primeras intenciones secesionistas. Es por esto que la amenaza no se explicita como secesionista, aunque objetivamente lo sea (en razón del hecho objetivo constitucional español), lo que naturalmente es utilizado propagandísticamente por estos grupos: así se anuncia «inocentemente», por parte de sus líderes y representantes, la «construcción» de una nueva sociedad, se supone más próspera, obviando (a veces) que esta «construcción nacional» implica necesariamente, y en el mismo acto, la destrucción de una sociedad política nacional ya constituida. La condición secesionista de estos grupos queda así encubierta por el manto, virginal, de la «liberación».

Con todo, en muchas ocasiones esta amenaza formal se hace también directa, negando la condición nacional de España, negando su soberanía, afirmando o declarando la condición nacional soberana de una de sus partes, etc. Y es que la sola amenaza ya es, de hecho, un atentado contra la soberanía española y no disminuye o aumenta al hacerla explícita. Es más, a veces el no explicitarla, insistimos, puede suponer un aumento en su solvencia como amenaza (al quedar disimulada bajo la amable fórmula de «liberación nacional»).

Sucede además, por otra parte, que algunos de estos grupos incluso reivindican la «liberación» de unas partes que constitucionalmente pertenecen a una nación distinta de la española: así ocurre con la «Euskal Herria» del nacionalismo vasco, que reclama como suyas partes pertenecientes a un departamento francés (el de los Pirineos Atlánticos).

«El pueblo vasco no cabe en la Constitución» (Javier Arzallus, Discurso a sus bases el «Día del Partido», el domingo 27 de septiembre de 1998).


«Hablan mucho de ETA y ellos tienen un art. 8 de la Constitución... en el que confían la unidad de la patria, de su concepto de patria territorial, al ejército, a las armas, a la violencia» (Javier Arzallus, Discurso a sus bases el «Día de la Patria Vasca», el 3 de abril de 1994).


Fragmento de la primera intervención de Carod Rovira en la Sesión plenaria núm. 117 del Congreso de los Diputados, celebrada el miércoles, 2 de noviembre de 2005, acerca de la reforma del Estatuto de Cataluña:

«[...] Déjenme que les diga que también tenemos la sensación de que este preámbulo no va a ser sólo el preámbulo de un simple Estatuto de Autonomía, éste puede ser el preámbulo para una etapa futura. No se lo tomen, por favor, como una amenaza, sino como una afirmación pacífica, serena y democrática [como se verá inmediatamente, es, en efecto, una amenaza]. Será así si así lo quiere alguna vez la mayoría de la sociedad catalana expresado en las urnas, pero esta actitud cerril [la del PP] puede acabar siendo el preámbulo para otros horizontes. Quizás hoy ustedes no quieren reconocer a Cataluña como nación en el articulado y en defensa de sus intereses, quizás lo que hoy no quieren reconocer como nación mañana deberán hacerlo como Estado. (Aplausos)».


Puigcercós (diputado de ERC) en el Pleno del Congreso de los Diputados el 23 de mayo del 2006, Debate sobre la Reforma del Estatuto de Andalucía:

«Quiero terminar felicitando al Parlamento de Andalucía, a sus representantes, por su defensa de un texto que les puede suponer un salto cualitativo en la mejora de las condiciones de vida de todos los andaluces y andaluzas. Y quiero acabar con la expresión de un nacionalista andaluz, con la expresión de un referente histórico para Andalucía, Blas Infante, un nacionalista andaluz que fue compañero y amigo de Lluís Companys, el que fue presidente de la Generalitat de Catalunya. Decía Blas Infante: Sentimos llegar la hora suprema en que habrá que consumar definitivamente el acabamiento de la vieja España; declarémonos separatistas de este Estado que con relación a individuos y pueblos conculca sin frenos los fueros de la justicia y del interés, y sobre todo los sagrados fueros de la libertad de este Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros; y ya no vale resguardar sus miserables intereses con el escudo de la solidaridad o la unidad que dicen nacional».


El secesionismo como amenaza solvente

Además de formal (explícita o no) el secesionismo es para España una amenaza solvente, pues los grupos secesionistas están implantados en España hasta el punto de tener representantes suyos en buena parte de las instituciones legislativas y administrativas (parlamentarias, regionales, municipales), desde las cuales se niega la condición nacional de España y se promueve su disolución fragmentaria.

La implantación del secesionismo tiene actualmente tal arraigo institucional (favorecidos, además, por una Ley Electoral que les es claramente ventajosa) que muchos gobiernos españoles, durante largos períodos, se han coaligado en las Cortes con tales grupos al ejercer las tareas legislativas y de gobierno. Es más, algunos de estos grupos secesionistas, que, decimos, representan una amenaza formal y explícita para la existencia de España, han tomado parte, a través de sus representantes, en la redacción de la propia Constitución vigente, introduciendo en ella auténticos preceptos legales que, a modo de «virus troyanos», aprovechan el mismo desarrollo de la Constitución para arruinar la soberanía española (base de la propia Constitución).

El secesionismo como amenaza terrorista

Pero la amenaza secesionista en España es también una amenaza terrorista, con el terrorismo practicado por varios de estos grupos orientado a la consecución de fines secesionistas (sobre todo ETA, pero también otros, ahora disueltos o inactivos, pero que actuaron en su momento, como Terra Lliure o el Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe).

Desde el punto de vista político, es decir, partiendo de la existencia y el ejercicio de la soberanía española, el secesionismo (aunque vaya dirigido a distintas partes, Cataluña, Vascongadas, etc..) es unívoco en cuanto a sus fines objetivos: la transformación de alguna parte de España en un todo nacional, teniendo como resultado la disolución fragmentaria de España. En este sentido, y políticamente hablando insistimos (no judicial, ni criminal, ni penalmente), el PNV, CIU, y demás facciones secesionistas españolas (que muchos se las representan como «nacionalismo moderado» para distinguirlas de las facciones terroristas) suponen para España el mismo tipo de amenaza (secesionista) que supone la ETA o Batasuna (si no más, por su política de infiltración no delictiva que les permite actuar sin ningún tipo de obstáculos legales). Que el procedimiento criminal de ETA (no olvidemos que surge como una división interna del PNV) sea un método que no practiquen tales otras facciones, no disminuye en nada la amenaza que todos representan para la soberanía española (y es que, para el caso, «tanto monta, monta tanto, cortar como desatar» a pesar de que, desde luego, para las víctimas directas de las bandas terroristas y sus familiares un procedimiento y otro no signifiquen lo mismo).

Del mismo modo, si los fines secesionistas se logran, es indiferente que se hayan logrado criminal o «legalmente» (y es que, conviene insistir, el fin de ETA no es «asesinar», no estamos hablando de psiquiatría, sino que el asesinato es un medio para llegar a la secesión del País Vasco). En este sentido la distinción entre «nacionalismo excluyente» y «nacionalismo moderado» -se supone integrador-, es pura retórica: todo nacionalismo secesionista es excluyente, excluye a la Nación española como sujeto soberano.

Ni siquiera la solvencia se incrementa porque la amenaza secesionista sea pura (PNV, CIU...) o terrorista (ETA, Terra Lliure...), porque la práctica terrorista no se hace solvente o insolvente por sí misma, sino que su eficacia en este sentido depende del grupo sobre el que recae dicha práctica: si la respuesta del grupo amenazado -España y los españoles- es la de plegarse a los intereses (secesionistas en este caso) del grupo que amenaza, ya sea por miedo o por complicidad con la acción criminal, entonces el terror se hace objetivo, y la amenaza plenamente solvente.

El 16 de septiembre de 1998, un comunicado de ETA anuncia, a través de la cadena británica BBC, una «tregua indefinida y sin condiciones», que entraría en vigor dos días después:

«El reto que tenemos delante. Hemos dicho, al comienzo de este comunicado, que el principal reto y la característica central de la fase política que tenemos delante es poner la base para que Euskal Herria logre su soberanía desde su integridad, superando las fronteras autonómicas y estatales. Ya que no estamos en el mismo lugar que antes, no vamos sólo a`recuperar' la oportunidad perdida hace 20 años, sino a dar un paso más importante, debemos poner los pilares de esa Euskal Herria del futuro. El reto que nos corresponde es definir claramente en dónde se construirá nuestra casa. Ya que no hay dos o tres Euskal Herrias. Existe una sola, con sus vivencias y realidades diferentes: lingüísticas, sociales, económicas y, también, de tradiciones. ¡Ésa es la esencia de un pueblo! Teniendo en cuenta todas esas realidades diferentes, a todos los abertzales, demócratas y progresistas, nos corresponde realizar la labor de vanguardia en la construcción de un marco político que contenga en su seno al conjunto de Euskal Herria. Y en esa labor motivadora tienen cabida, voz y quehacer todos los agentes del conjunto de la sociedad de Euskal Herria. El logro de la soberanía no se puede casar con las políticas interesadas y partidistas que llevan al fortalecimiento de España y de Francia.

Hay que terminar, de inmediato, con todos los espacios de colaboración y pactos con España, y con todos los pactos secretos que sojuzgan económicamente a nuestro pueblo. La primera labor que tenemos como Euskal Herria es comenzar a`pensar'. Entre todos. Y asimilar cuál es la verdadera situación económica, lingüística, cultural de nuestro pueblo. Y, posteriormente, impulsar proyectos que tengan en cuenta al conjunto de Euskal Herria, tanto en lo referente a los derechos lingüísticos como a la organización territorial, el desarrollo económico o los derechos sociales. Las fuerzas favorables a la soberanía de Euskal Herria deben lograr acuerdos de mínimos. Y, en el mismo plano, será tarea de todos hacer frente a quienes son enemigos de ese proyecto y lo seguirán siendo. Es hora de la tan poco utilizada persecución social, que tanto subrayan quienes condenan el uso de las armas [... ]».


Los partidos secesionistas no son ni pueden ser considerados partidos nacionales

Una de las fuentes que más ha contribuido a envenenar en el terreno político el debate sobre los Estatutos de Autonomía y a alimentar el secesionismo parlamentario, ha sido el reconocimiento de los llamados partidos nacionalistas secesionistas como partidos legales, susceptibles de ser situados al lado de los demás partidos nacionales en el arco parlamentario.

Los partidos políticos se constituyen como partes de un mismo Estado; ello implica que son múltiples, como también lo son las partes de un todo como lo es el Estado. El caso límite es el del partido único, que sólo es partido en la medida en que la parte se considera como pars totalis, que en todo caso se mantiene en función de la eutaxia de ese Estado. Pero los partidos secesionistas son partidos de otro orden, extravagantes respecto de ese mismo Estado, porque no pretenden mantener la eutaxia del Estado, sino justamente despedazarla o destruirla.

Sin embargo, los partidos internos sólo se enfrentan políticamente con partidos del mismo Estado, considerado como un todo atributivo. En este sentido, un partido de izquierda o de derecha en Méjico o en Chile no es equivalente (o congruente) con otro partido análogo de derechas o izquierdas en Venezuela, Argentina o España.

Pero tampoco el PNV o ERC actuales pueden considerarse como partidos políticos homologables al PSOE o al PP, porque éstos, al menos teóricamente, tienen en común su condición de partidos internos del Estado constitucional en función del cual se definen como tales partidos, mientras que aquéllos pretenden justamente descomponer el Estado en el que desarrollan su política, España. Por ello son partidos extravagantes, que vagan entre un Estado real y otro imaginario. Y ello sin perjuicio de que, por concesiones totalmente contradictorias de los gobiernos y tribunales nacionales, puedan aparecer en el Parlamento como si fueran unos partidos entre otros.

Desde este concepto tan ambiguo y malformado de partido se comprende el absurdo de que la Constitución de un Estado reconozca la legitimidad de partidos políticos secesionistas, es decir, de partidos políticos que en sus propios programas no se consideran como parte del Estado en el que se engloban, sino de otro Estado aureolar o futuro. El Estado que ellos pretenden constituir, y que pese a tener su sede en el territorio del Estado en el que actúan, España, en sus intenciones la tienen fuera del territorio apropiado por ese Estado, sin por ello tenerla en el territorio apropiado por otros Estados vecinos.

Constitución de Alemania

Artículo 21


2. Serán anticonstitucionales los partidos que en virtud de sus objetivos o del comportamiento de sus afiliados se propongan menoscabar o eliminar el orden básico demoliberal o poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana. El Tribunal Constitucional Federal se pronunciará sobre la cuestión de anticonstitucionalidad.


Constitución de Portugal


Artículo 51


4. No pueden formarse partidos que, por su designación o por sus objetivos programáticos, tengan índole o ámbito regional.


En el terreno de la escenografía política o de la fenomenología de la vida parlamentaria, como hemos dicho, una facción secesionista, por estar reconocida como partido por una Constitución que tolera este tipo de ficciones jurídicas, podrá figurar como un partido más del arco parlamentario. Aún más absurdo es que pueda establecer coaliciones solidarias contra terceros con otros partidos nacionales de este arco, y aun con el partido del Gobierno del Estado. Pero ello no autoriza a considerar la facción secesionista como un partido político. Se trata sólo de un partido fantasma, una ficción que busca destruir el propio escenario en el que trabaja.

En la democracia de 1978 no se ha tenido en cuenta que un partido político, legal a todos los efectos, dentro del juego democrático, como pudiera serlo el PNV o ERC, no es un partido español, ni él mismo se considera tal, sino que es sólo una ficción jurídica. El absurdo procede de considerar la libertad de expresión en las democracias como libertad para ejercer programas políticos secesionistas y considerarlos como normales. Pero el secesionismo sólo puede ser reconocido en democracia a título de «grupos facciosos», que una vez en marcha como si fueran partidos políticos dan pasto inagotable a los debates de los juristas en los Tribunales constitucionales, en los Tribunales supremos y en el propio Parlamento.

Los partidos extravagantes no pueden ser equiparados a los partidos internos, y esta equiparación es uno de los más profundos errores de nuestra democracia. Resulta contradictorio que se reconozca a estos partidos la posibilidad de mantener estas opiniones a través del cauce de un partido político en el ámbito del propio Estado del que ellos no se consideran parte. Y no sólo de modo subjetivo o privado sino de un modo objetivamente inscrito en sus programas o en sus documentos públicos, o incluso insinuados en los Estatutos de Autonomía que ellos han promovido.

Lo que todo español debe saber es que estas ficciones jurídicas llamadas partidos nacionalistas no son simples adversarios políticos en el Parlamento, sino grupos facciosos que pretenden robar a los españoles partes irrenunciables del territorio que conforma el Estado, España, territorio que es un componente fundamental de ese Estado, y por tanto es propiedad de todos los ciudadanos que pertenecen a él. La presunta voluntad de autodeterminación de esa facción, a costa de los derechos de los demás es un argumento falaz, pues parte de la idea de suponer ese fragmento de soberanía española como un Estado independiente. Todo español debe saber que esa voluntad de autodeterminación constituye de por sí un robo a todos los españoles de algo que les pertenece, porque el territorio sobre el que se funda el Estado incluye no sólo la tierra, sino la transformación agrícola, industrial e histórica que durante siglos han ido realizando todos los españoles. Ante tales actos de latrocinio está fuera de lugar cualquier discusión en el terreno constitucional, y sólo cabe la resistencia, aunque sea violenta tal como por otro lado reconoce la Constitución, antes que dejarnos arrebatar lo que es nuestro.

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