Soberanía nacional

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La soberanía, según la clásica definición de Juan Bodino en su obra Los seis libros de la República, es el «poder absoluto y perpetuo de una República» y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas (aunque sí a la ley divina o a la ley natural). Según Bodino (y otros seguirán su estela), soberano debía ser el monarca, y se caracterizaba dicho poder por ser absoluto, perpetuo, supremo, ilimitado, indivisible e imprescriptible. La definición de soberanía, por parte de Bodino, se acerca mucho a la definición metafísica de sustancia («aquello que no necesita de otra cosa para existir»), con la que, aplicada a la materia política, se reformula a la moderna el concepto aristotélico de «sociedad perfecta» (acabada, autosuficiente, que para Aristóteles era, por antonomasia, la ciudad).

El ejercicio de la soberanía es un concepto pues claro y distinto (muy afín al concepto de propiedad -«celosa distinción», que decía Hume- al ser en cierto modo una modulación suya) y sobre el que no cabe ningún tipo de relativización escéptica: la soberanía política o se ejerce o no, y si se ejerce recae sobre un ámbito definido y que aparece penetrado en todas sus partes por el poder soberano, siendo así que la soberanía no cabe ni cederla, ni donarla, ni compartirla, ni repartirla, porque, entonces, cesa automáticamente su poder. La soberanía, por definición, es una e indivisible.

Tabla de contenidos

La existencia de la soberanía nacional española

Como toda sociedad política nacional, España está definida por su poder soberano y distribuido en diversas plataformas institucionales que lo representan. Distinguiremos en ella un ámbito interno, español, delimitado por sus fronteras, donde se ejerce ese poder soberano, y un ámbito externo (extranjero), donde ese poder no actúa pero se relaciona de modos muy distintos con otros estados soberanos.

«Soberanía es la facultad de legislar, de disponer qué y bajo qué reglas ha de gobernar y administrar, de imponer preceptos a todos. […]

La soberanía en los Estados constituidos, como lo son todas las naciones, se ejerce legislando, gobernando, disponiendo y mandando en general. Consecuencia de ello es que quien tiene facultad de hacer esto debe llamarse soberano» (Bravo Murillo, Opúsculos 1863-1873, De la soberanía ).


«En este sentido, al ejercicio de penetración de un poder soberano en el interior de un ámbito en el que se desarrolla otro se le llama invasión; a la divergencia de una de las partes en la que se ejerce el poder soberano para constituirse, tal parte divergente, en un todo soberano se llama secesión; a la degeneración del poder soberano que lleva a la impotencia de su ejercicio se le llama corrupción (que en el límite puede conducir a la disolución de la sociedad política)» (Santiago Abascal y Gustavo Bueno, En defensa de España. Razones para el patriotismo español, pág. 18).


A partir de la Revolución francesa, el titular de la soberanía pasó a ser la Nación, frente al absolutismo que representaba el Rey (el «soberano» por excelencia durante el Antiguo Régimen), apareciendo así el concepto de soberanía nacional como un concepto revolucionario (ver Holización) que pone las bases, como principio político suyo, de las transformaciones que configuran el Mundo Contemporáneo y su historia.


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Indivisibilidad de la soberanía española

España es una nación soberana, y lo es en relación a todas sus partes internas, en las que se distribuye ese poder soberano. Partes que a su vez participan por igual de la soberanía española. No existe ningún otro poder, ya sea privado o general, exterior o interior que esté por encima del poder soberano de la Nación.

No puede existir, por lo tanto, ningún privilegio en el ejercicio del poder soberano de ninguna de las partes de la Nación española, ya sea una autonomía, persona o municipio, del mismo modo que ninguna de las partes ve disminuida frente a las demás en su participación de la soberanía nacional española.

Toda España se ve penetrada por el poder soberano, es decir, toda parte es soberana en cuanto que participa de la nación española: Murcia, Andalucia, Madrid, Cataluña, son partes soberanas, libres y no «oprimidas», en tanto que partes de España. Intentar que una parte de la Nación española una nación soberana independiente es un acto de secesión que atenta contra la soberanía nacional, del mismo modo que atentaría contra esta soberanía que otro poder extranjero tratara de incorporar a una parte o a España entera bajo su dominio.

Asimismo, España es reconocida como poder soberano capaz de administrar un Producto Interior Bruto y una Renta per cápita de una población de 45 millones de habitantes, cuya organización central tiene a Madrid como capital, centro político y también económico de España, condición de la estructura de comunicaciones españolas. La estructura de tales comunicaciones no tiene tanto que ver con un presunto «centralismo político», como pretende el nacionalismo fraccionario, sino con una motivación económica, reforzada con el ferrocarril, las carreteras y los transportes aéreos. Desde este punto de vista, el «centralismo de Madrid» tiene poco que ver con razones políticas, «castellanistas», y tiene más que ver con la realidad de la estructura económica de la España peninsular.

«No existe ningún otro poder [...] que esté por encima del poder soberano de la Nación, formada, precisamente, por la reunión de esas partes.

Así las distintas partes de España (regionales, municipales, personales) participan de la soberanía nacional española, no existiendo en el ejercicio del poder soberano ningún tipo de privilegio de alguna de las partes sobre las demás, del mismo modo que ninguna de las partes se ve disminuida frente a las demás en su participación de la soberanía nacional española (por ejemplo, para ningún ciudadano español se ve disminuida, o en el límite retirada, su participación en el ejercicio del poder soberano de España en razón de su origen regional o municipal)» (Santiago Abascal y Gustavo Bueno, En defensa de España. Razones para el patriotismo español, pág. 18)


Existencia internacional de la soberanía española

Por el lado externo, muchas instituciones internacionales suponen la existencia de España como nación política soberana, que compromete a otras sociedades políticas nacionales homólogas, al firmar tratardos y acuerdos mutuos como potencia internacional, y por los que España es reconocida y contemplada. Por ejemplo, la OTAN, la ONU, la UE o las Cumbres Iberoamericanas, a las que España pertenece, así como otras instituciones mundiales (empresas, organismos culturales, deportivos, ONG, &c.) reconocen la existencia de España.

La Nación española posee también, a través de distintos organismos que la representan, una reconocida presencia institucional fuera de sus fronteras, sobre todo a través de embajadas y consulados, que sirven para mantener los vínculos con el exterior.

Así, desde el punto de vista internacional, España es reconocida como potencia soberana y no como «Estado fragmentado». Las relaciones diplomáticas se realizan entre estados y no entre fragmentos suyos, y no de partes suyas incluidas dentro de un presunto «Estado español».

En cualquier caso, los tratados internacionales no disminuyen, sino que reafirman la soberanía española. Es así que la soberanía ni se comparte, ni se cede en partes. La mejor prueba es el «Proyecto de tratado por el que se establece una Constitución para Europa», que en su artículo 60 reconocía que cualquier Estado firmante podría retirarse en cualquier momento.

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